Cuando tener un hogar empieza a parecer una excepción
Hay algo extraño en nuestra sociedad. Construimos viviendas, urbanizamos nuevos barrios, levantamos edificios cada vez más eficientes y disponemos de un sistema financiero capaz de movilizar enormes cantidades de dinero. Y, sin embargo, cada vez resulta más difícil conseguir algo aparentemente sencillo: tener un lugar donde vivir, un hogar.
No hablamos únicamente de personas en situación de vulnerabilidad. El problema alcanza ya a trabajadores y familias, y se hace especialmente visible entre los jóvenes, que descubren que estudiar, trabajar y ahorrar ya no garantiza poder iniciar un proyecto de vida independiente.
Algo se ha roto.
Y quizá haya llegado el momento de preguntarnos si el problema está realmente en la falta de viviendas o, más bien, en las reglas que hemos construido alrededor de ellas.
Durante décadas hemos contemplado la vivienda fundamentalmente como un mercado. Se compra, se vende, se alquila, se financia y, naturalmente, se busca obtener una rentabilidad. Nada de esto es necesariamente ilegítimo. El problema aparece cuando una vivienda deja de ser, antes que nada, el lugar donde una persona puede desarrollar su vida y pasa a competir con otros activos financieros por ofrecer la mayor rentabilidad posible.
Entonces surge una paradoja: puede existir vivienda y, al mismo tiempo, faltar vivienda accesible.
Porque la cuestión no es únicamente cuántas casas existen. También importa quién puede acceder a ellas, en qué condiciones y para qué finalidad.
Una vivienda no es un activo económico más. Es el lugar donde se construye un proyecto de vida, donde se forman familias, donde se estudia, se trabaja, se cuida y se participa en una comunidad. Por eso el acceso a una vivienda digna tiene una dimensión social que no puede quedar reducida exclusivamente a las reglas del mercado.
Dos murallas difíciles de atravesar
Si hubiera que identificar dos de las grandes barreras que hoy dificultan el acceso a la vivienda, probablemente habría que hablar de suelo y financiación.
La primera es poco visible en el debate cotidiano: el suelo. Antes de que exista una vivienda existe un terreno. Y cuando el suelo público se vende, deja de ser una herramienta pública. Una vez privatizado, entra en las reglas del mercado y la sociedad pierde una de sus principales herramientas para intervenir sobre el precio y sobre el destino de la vivienda.
Por eso una de las propuestas que defendemos desde el Manifiesto por el Derecho a la Vivienda es sencilla, aunque sus consecuencias puedan ser profundas: el suelo público debe seguir siendo siempre público.
No significa que no pueda construirse sobre él. Significa utilizarlo precisamente para aquello que la sociedad necesita: vivienda asequible y social, manteniendo las condiciones que impidan que el esfuerzo colectivo termine convertido, una vez más, en un activo destinado a la especulación.
La segunda muralla es la financiación.
Una persona puede tener trabajo, ingresos suficientes para pagar mensualmente una vivienda y, sin embargo, no disponer de los ahorros o garantías necesarios para acceder a ella. Puede pagar una casa, pero no puede comprarla. O puede afrontar un alquiler, pero no reunir las condiciones exigidas para acceder a una vivienda.
Cuando esto deja de ser una circunstancia individual y se convierte en una situación generalizada, estamos ante un problema estructural.
Por eso también debemos plantearnos cuál debe ser el papel del sistema financiero. No se trata de demonizar a los bancos, sino de reconocer su papel. Si la financiación es imprescindible para acceder a la vivienda, el sistema financiero también debe formar parte de la solución, mediante mecanismos de crédito regulado y orientado a vivienda asequible.
Una solución para todos
Sería sencillo quedarse en la denuncia: los precios son demasiado altos, los jóvenes no pueden emanciparse, existe especulación, falta vivienda pública y el mercado no está resolviendo el problema.
Todo ello puede formar parte del diagnóstico. Pero describir el problema no basta. Es necesario actuar, darle una solución.
Y aquí tenemos que partir de una idea que considero fundamental: no necesitamos una solución para unos pocos; necesitamos una solución universal.
Los jóvenes son quizá el rostro más visible del problema, pero no son el problema. Son la primera generación que está mostrando hasta dónde puede llegar una dinámica que terminará afectando a un gran número de personas si no somos capaces de cambiarla.
Por eso las políticas de vivienda no deberían diseñarse únicamente para quienes hoy se encuentran en una situación extrema. Deben servir también para quien mañana pueda encontrarse en ella.
Desde esta perspectiva, el Manifiesto por el Derecho a la Vivienda plantea cuatro grandes líneas de actuación: mantener el suelo público en manos públicas; dirigir los recursos públicos prioritariamente hacia quienes no pueden acceder a una vivienda; incorporar al sistema financiero a la solución, reconociendo la función social de las finanzas; y construir un parque público y social suficiente, con un objetivo a largo plazo del 20% del parque de vivienda.
No son soluciones mágicas. Tampoco pretenden resolver en unos meses un problema construido durante décadas.
Pero cambian una pregunta fundamental.
En lugar de preguntarnos cómo conseguir que las personas puedan pagar los precios que marca el mercado, deberíamos preguntarnos cómo conseguir que el mercado y las políticas públicas permitan que las personas puedan vivir dignamente.
Y esa diferencia lo cambia todo.
¿Qué lugar queremos que ocupe la vivienda?
Quizá la verdadera discusión no sea entre izquierda y derecha. Ni entre propietarios e inquilinos. Ni entre jóvenes y mayores. Ni siquiera entre mercado y Estado.
La cuestión es más profunda: ¿Qué sociedad queremos construir? ¿Qué lugar queremos que ocupe la vivienda en nuestra sociedad?
Podemos aceptar que la vivienda sea simplemente otro activo económico y que quien tenga recursos pueda acceder a ella mientras quien no los tenga deba esperar, compartir, desplazarse o depender de su familia.
O podemos decidir que una sociedad necesita garantizar determinadas condiciones básicas para que sus ciudadanos puedan construir su vida.
La vivienda es una de ellas.
Porque una persona sin estabilidad residencial tiene muchas dificultades para estudiar, trabajar, formar una familia, cuidar, participar en su comunidad o, sencillamente, mirar hacia adelante.
Por eso la vivienda no es únicamente una cuestión urbanística, económica o financiera.
Es una cuestión central de la sociedad.
Y, precisamente por eso, no puede ser responsabilidad exclusiva de quienes buscan una vivienda.
La responsabilidad de las instituciones
Si aceptamos que estamos ante un problema estructural, también debemos aceptar quién tiene capacidad para modificar las reglas y exigirle una respuesta adecuada.
El Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, cada uno desde sus respectivas competencias, disponen de instrumentos legislativos, normativos, urbanísticos y financieros para hacer posible un cambio de rumbo. Su papel no puede limitarse a gestionar las consecuencias de un mercado tensionado. Deben establecer las condiciones para que la vivienda pueda cumplir su función social.
No se trata de sustituir el mercado, sino de establecer unas reglas que garanticen que aquello que es esencial para la vida no quede fuera del alcance de una parte creciente de la sociedad.
Porque un derecho que no se garantiza desde las instituciones corre el riesgo de convertirse, simplemente, en una declaración de intenciones.
La última muralla
Cuando dentro de veinte años miremos hacia atrás, tendremos que preguntarnos qué hicimos cuando empezamos a considerar normal que una persona que trabajaba no pudiera permitirse disponer de una vivienda en la que construir su futuro.
¿Aceptamos que la vivienda se convirtiera en un privilegio?
¿O hubo un momento en el que decidimos cambiar las reglas?
El Manifiesto por el Derecho a la Vivienda no pretende tener todas las respuestas. Pretende abrir una conversación. Una conversación en la que tengan cabida quienes alquilan y quienes compran; jóvenes y mayores; trabajadores y empresarios; sindicatos, administraciones, entidades sociales y sistema financiero.
Porque la vivienda no puede ser el problema de una parte de la sociedad.
Es el lugar donde toda la sociedad construye su futuro.
Y quizá la última muralla del Imperio inmobiliario no sea una pared, ni una ley, ni siquiera un precio.
Quizá sea nuestra capacidad —o nuestra incapacidad— para aceptar que las cosas pueden hacerse de otra manera.
La cuestión ya no es solo cuánto cuesta una vivienda. La cuestión es qué precio estamos dispuestos a pagar como sociedad por permitir que cada vez sea más difícil tener un hogar.
En la realización de este artículo he tenido los apoyos y/o colaboraciones de compañeros y compañeras del Manifiesto por el Derecho a la Vivienda: Gerardo García Álvarez, Analía Marfull Lombardi, José Luis Sainz Guerra, …
Juan Manuel Martín Martín
Coordinación Manifiesto por el Derecho a la Vivienda
Economía del Bien Común Valladolid
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