Durante décadas nos enseñaron una idea muy sencilla: Estudia. Trabaja. Ahorra.
¡Y podrás construir tu proyecto de vida!
No era una promesa perfecta, pero era una expectativa razonable. La mayoría de las personas asumía que, con más o menos dificultades, el esfuerzo acabaría permitiendo acceder a una vivienda y desarrollar una vida autónoma.
Hoy esa sensación se está debilitando.
Cada vez más jóvenes retrasan su emancipación. Cada vez más familias dedican una parte creciente de sus ingresos a pagar una vivienda. Cada vez más personas tienen la percepción de que aquello que parecía normal hace apenas unos años se está convirtiendo en algo difícil de alcanzar.
Y lo preocupante es que no hablamos solo de quienes tienen menos recursos.
La dificultad para acceder a una vivienda empieza a afectar a amplios sectores de la sociedad.
Por eso quizá ha llegado el momento de hacernos una pregunta incómoda:
¿Puede una sociedad desarrollarse con normalidad cuando una parte creciente de sus ciudadanos encuentra obstáculos para acceder a algo tan básico como una vivienda?
La vivienda es mucho más que un bien económico.
Es el lugar donde nacen los proyectos de vida.
Donde se forman familias.
Donde se construyen relaciones de vecindad.
Donde se desarrolla la estabilidad necesaria para estudiar, trabajar, cuidar o emprender.
Cuando el acceso a la vivienda se complica, no solo aparece un problema inmobiliario.
Aparecen consecuencias sociales.
Se retrasan decisiones vitales.
Se incrementa la incertidumbre.
Y se debilita la confianza en el futuro.
Por eso el debate sobre la vivienda no debería reducirse a una discusión técnica entre expertos.
Es una conversación que afecta al conjunto de la sociedad.
El problema ya está suficientemente identificado.
Lo que ahora necesitamos es menos confrontación y más acción.
Más acuerdos y menos intereses a corto plazo.
Ha llegado el momento de impulsar soluciones eficaces, sostenibles y capaces de garantizar el acceso a la vivienda para las próximas generaciones.
La vivienda seguirá siendo uno de los grandes desafíos sociales de los próximos años.
Y cuanto antes asumamos que se trata de una cuestión colectiva, más cerca estaremos de encontrar respuestas que estén a la altura del problema.
Esa es precisamente la conversación que queremos impulsar desde el Manifiesto por el Derecho a la Vivienda.
Una conversación abierta, plural y constructiva sobre uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad: el acceso a una vivienda digna.
¿Compartes esta preocupación?
Te invitamos a leer el Manifiesto por el Derecho a la Vivienda y a participar en esta conversación colectiva sobre el futuro del acceso a la vivienda en España.
Hay encuentros que redefinen la fuerza de una lucha. El pasado 26 de mayo nos reunimos con Ainhoa Acebes, presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León y este 28 de mayo con Belén Bermejo, presidenta del Consejo de la Juventud de Valladolid, en un encuentro cálido al que también se sumaron sus incansables compañeros Manu y Nicolás. Por parte de nuestro Grupo Impulsor asistió Margarita García junto a nuestro coordinador, Juan Manuel Martín.
Llegamos a la mesa no solo con propuestas, sino con la verdad por delante: una radiografía rigurosa, documentada y honesta del mercado inmobiliario. Con estos datos en la mano, mostramos cómo cada una de nuestras propuestas se traduce en cambios reales para la calle, en soluciones de sentido común y de justicia social.
«El MDV26 no nace para competir con ninguna organización que ya trabaje en esta dolorosa problemática. Al contrario, nacemos para cobijar, para ser un paraguas colectivo.»
Durante el intercambio, dejamos claro nuestro propósito vital: el MDV26 no nace para competir con ninguna organización que ya trabaje en esta dolorosa problemática. Al contrario, nacemos para cobijar, para ser un “paraguas colectivo”, ese espacio amplio y transversal que sume voluntades diversas en la dirección del cambio. El objetivo es tejer un frente común con el apoyo necesario para transformar las normativas que regulan el mercado de la vivienda, sin perder jamás de vista a quienes sufren en silencio esta crisis ni la urgencia de darles soluciones inmediatas.
De estos días salimos con el compromiso firme de poner en marcha mesas de trabajo conjuntas, colaboraciones directas y múltiples acciones que pongan el derecho al hogar en el epicentro del debate público.
Este camino acaba de empezar. Muy pronto, compartiremos los primeros frutos de este esfuerzo compartido.
Equipo coordinador del Manifiesto por el Derecho a la Vivienda (MDV26)
Disponible la grabación de la intervención de José Luis Sainz en la ‘Tertulia en Barbecho’ celebrada el 6 de mayo en Valladolid. Un encuentro donde la ciudadanía y expertos en urbanismo debatieron la viabilidad del crédito al 1% y el blindaje del suelo público como pilares para garantizar el derecho constitucional a la vivienda. Una sesión imprescindible para entender la hoja de ruta del MDV26 tras las comparecencias ante el CESCYL.
Disponible la grabación de la intervención de Juan Manuel Martín en la ‘Tertulia en Barbecho’ celebrada el 6 de mayo en Valladolid. Un encuentro donde la ciudadanía y expertos en urbanismo debatieron la viabilidad del crédito al 1% y el blindaje del suelo público como pilares para garantizar el derecho constitucional a la vivienda. Una sesión imprescindible para entender la hoja de ruta del MDV26 tras las comparecencias ante el CESCYL.
Instituciones, colectivos y ciudadanía se citan el 6 de mayo para trazar una hoja de ruta común frente al reto de la vivienda. El encuentro busca conectar voces de toda España de forma online para crear una red colaborativa que impulse la función social de la vivienda.
Bajo la convicción de que la crisis de vivienda tiene solución si sumamos esfuerzos, el Manifiesto por el Derecho a la Vivienda (MDV26) organiza la ‘Tertulia en Barbecho’ del próximo 6 de mayo. Se trata de un espacio de diálogo abierto y constructivo, diseñado para explorar nuevas vías de colaboración institucional y social.
El encuentro parte de una premisa clara: el acceso a la vivienda es hoy uno de los principales problemas sociales de España, pero la solución está al alcance mediante la responsabilidad compartida. El MDV26 actúa como puente entre la administración, el sector bancario y la ciudadanía para asegurar que el derecho constitucional al hogar prevalezca sobre el interés especulativo.
Conexión nacional por el derecho al hogar
La tertulia se plantea como un encuentro plural y descentralizado. Los ciudadanos de Valladolid podrán participar presencialmente en el salón de la Federación de Vecinos Antonio Machado, mientras que la modalidad online facilitará la conexión de personas de todo el territorio nacional, sumando propuestas y visiones al Manifiesto común.
«Invitamos a todos a ser parte de la respuesta», explican los coordinadores. Durante la jornada se abordarán propuestas innovadoras sobre la función social de las finanzas, buscando compromisos que permitan a jóvenes y familias acceder a una vivienda digna en condiciones justas.
¿Cómo participar?
Día y Hora: Miércoles 6 de mayo a las 19:30h.
Presencial: C/ Vega, 18, Valladolid (Salón Fed. Asociaciones de Vecinos).
La vivienda como prioridad nacional y garantía de cohesión social
El presidente del CESCYL, Enrique Cabero, muestra interés en realizar un encuentro con empresas, sindicatos, partidos políticos y sociedad civil para integrar la «función social de las finanzas» en la agenda pública, dentro de un encuentro con el Manifiesto por el Derecho a la Vivienda (MDV26), el cual apuesta por la transversalidad para asegurar un proyecto de vida a miles de familias en Castilla y León y España.
VALLADOLID, 29 de abril de 2026 – La búsqueda de soluciones universales para el derecho al acceso a la vivienda ha dado hoy un salto cualitativo tras la reunión entre el Manifiesto por el Derecho a la Vivienda (MDV26) y el Consejo Económico y Social (CESCYL). El encuentro contó con la presencia de Enrique Cabero, presidente del Consejo, y de los coordinadores del Manifiesto, donde se han sentado las bases de una gran alianza social por el hogar.
Basándose en información de rigor científico, el MDV26 expuso la necesidad de trascender los intereses particulares para proteger el Bien Común. Entre otros asuntos de la reunión, se trató la «función social de las finanzas», entendiendo que la banca, como grupo de interés con intereses lícitos, debe también asumir obligaciones en la resolución de una crisis que afecta a la base misma de la convivencia ciudadana.
Pacto social y diálogo nacional:
El MDV26 trasladó su visión de que la banca sea un actor proactivo en la creación de vivienda social y alquiler público mediante créditos preferentes al 1%. «Queremos que todas las partes estén en la foto de la solución», explicaron desde la coordinación.
Esta propuesta de transversalidad ha sido recogida por Enrique Cabero, quien se ha comprometido formalmente a impulsar un encuentro con patronal, sindicatos, actores políticos y sociedad civil dentro del CESCYL. Al considerar la situación como un reto de Estado, Cabero elevará la iniciativa al ámbito nacional para garantizar que no existan grupos sociales excluidos del acceso a un proyecto de vida digno. El encuentro concluyó con una apuesta clara por la colaboración permanente y el apoyo institucional mutuo.
El próximo 29 de Abril tendremos una reunión en el Consejo Económico y Social de CyL (CES CyL) con su presidente Enrique Cabero acompañado de varios miembros de la institución, por parte del Manifiesto por el Derecho a la Vivienda (MDV26) asistirán: Margarita García, José Luis Sainz Guerra y Juan Manuel Martín Martín.
El objetivo es mostrar al CES CyL, como entidad aglutinadora de la sociedad, la problemática actual del acceso a la vivienda, y las propuestas que desde el MDV26 realizamos para revertir una situación que socialmente es inasumible.
Confiamos que esta intervención inicie una concienciación transversal y universal de la problemática actual, y en esa línea nos implicaremos en una búsqueda de soluciones justas y duraderas.
El Ateneo Republicano de Valladolid acogió el pasado 6 de abril una mesa redonda organizada en torno al derecho a la vivienda, un debate que reunió a representantes políticos municipales, expertos y movimientos sociales para analizar una problemática que, según se subrayó desde el inicio, se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas.
La moderadora del encuentro, Margarita García, presidenta de la Federación de Vecinos Antonio Machado, abrió la sesión destacando la intensidad de las subidas de precios y el creciente peso del problema en la agenda social. En la mesa participaron Pedro Herrero, concejal del PSOE; Cristina Colino, concejala de VTLP; José Luis Sainz Guerra, de la Asociación Cultural Ciudad Sostenible; y Juan Manuel Martín, en representación del MDV26. En la presentación de la mesa se aclaró que se había invitado a Ignacio Zarandona, concejal del PP, pero que éste había excusado su asistencia “por un compromiso personal ineludible”.
Durante el debate se compartió un diagnóstico común: la vivienda ha pasado progresivamente de ser un bien de uso a convertirse en un activo de inversión. Pedro Herrero coincidió en calificar la situación como “insostenible” y puso el foco en el número de viviendas sin ocupación en Valladolid, que, según distintas estimaciones, podrían ser miles. Destacó el efecto de boicot político que se está sufriendo en la actualidad, ya que la actual corporación de Valladolid y la Junta de Castilla y León se niegan a aplicar la Ley de la Vivienda que aprobó el Gobierno Central en 2023. A su juicio, la intervención pública y el desarrollo efectivo del artículo 47 de la Constitución son claves para abordar el problema, junto con políticas de compra de vivienda para ampliar el parque público y facilitar el acceso a quienes lo necesitan.
Cristina Colino analizó los últimos periodos históricos, recordando que el modelo actual se ha construido tras décadas de políticas que priorizaron la propiedad privada, la liberalización del suelo, el abandono de las políticas sociales y la entrada de capital financiero en el sector inmobiliario, especialmente tras la crisis de 2008. Este proceso, explicó, ha derivado en una fractura generacional y en la dificultad creciente de acceso para jóvenes y familias.
José Luis Sainz Guerra situó el origen del problema en la retirada progresiva de las administraciones públicas y en la liberalización del mercado durante las décadas anteriores a la crisis financiera. Recordó que la burbuja inmobiliaria y el posterior rescate bancario favorecieron la entrada de grandes fondos de inversión, configurando un mercado más orientado a la rentabilidad que a la función social de la vivienda. Aun así, defendió la necesidad de inversión —pública y privada—, pero con una regulación que garantice el interés general.
Juan Manuel Martín incidió en que la vivienda, como bien esencial, no responde a las reglas clásicas del mercado y señaló dos factores estructurales: el peso del suelo en el precio final —que puede alcanzar hasta la mitad del coste de la vivienda— y las barreras financieras que impiden a muchos ciudadanos acceder a crédito, especialmente a los jóvenes. También cuestionó la fiabilidad de algunos datos del mercado y subrayó la necesidad de políticas basadas en información rigurosa.
En la parte final del debate se abordaron posibles soluciones. Entre ellas, la ampliación del parque público, la movilización de vivienda vacía, la colaboración público-privada y la aplicación efectiva de la legislación vigente. Desde la perspectiva del MDV26 se resumieron cuatro líneas principales: garantizar que el suelo público permanezca siempre público, destinar recursos a quienes no pueden acceder a la vivienda, implicar al sistema financiero en la solución y avanzar hacia un parque público y social cercano al 20%.
El turno de preguntas del público amplió el foco hacia cuestiones como la infravivienda, el hacinamiento, el precio de la vivienda protegida o la falta de desarrollo de suelos previstos desde hace décadas. Varias intervenciones destacaron el hecho de que el Ayuntamiento de Valladolid mantiene 95 viviendas vacías de las viviendas sociales municipales, desaprovechando su utilidad, en un momento de máxima necesidad de parte de la población. Las intervenciones coincidieron en señalar que el problema es esencialmente político, por la falta de voluntad política en invertir en vivienda desde el sector público. También se destacó el problema económico, social y urbano, con efectos sobre la cohesión de la ciudad.
La mesa concluyó con una idea compartida: el acceso a la vivienda se ha convertido en un desafío estructural que requiere voluntad política, coordinación institucional y un cambio de enfoque que vuelva a situar la vivienda como un derecho básico y no únicamente como un activo de inversión.
Mesa redonda sobre el acceso a una vivienda digna como mandato Constitucional. Organizada con los grupos políticos del Ayuntamiento de Valladolid, donde se analizará la situación actual y sus posibles soluciones.
PARTICIPANTES: Modera: Margarita García, Fed. Vecinos Antonio Machado Pedro Herrero portavoz del Psoe Ayuntamiento Valladolid Cristina Colino del grupo municipal de VTLP José Luis Sainz Guerra, Asociación Cultural Ciudad Sostenible Juan Manuel Martín, Coordinador MDV26
Ateneo Republicano: calle Piedad-3 (Valladolid) / 6 Abril 18h
Hablar de vivienda ya no es hablar solo de precios. Es hablar de una sensación creciente de bloqueo. De vidas que no terminan de arrancar, de decisiones aplazadas y de una realidad que, poco a poco, deja de ser coyuntural para convertirse en estructural.
Durante años, ciudades medianas como Zaragoza, Córdoba, Valladolid… fueron percibidas como ciudades accesibles. Comprar o alquilar no era sencillo, pero tampoco imposible. Hoy, esa percepción empieza a resquebrajarse. No porque los precios hayan alcanzado los niveles de Madrid o Barcelona, sino porque han dejado de estar alineados con la capacidad real de la población.
Y ahí es donde aparece el primer problema de fondo: la desconexión entre ingresos y vivienda. Esto afecta de forma mayoritaria a un perfil de gente joven, e independiente de su formación académica.
El acceso a la vivienda ya no depende solo del esfuerzo
La idea de que con trabajo y ahorro se puede acceder a una vivienda —en propiedad o en alquiler— se está debilitando. No ha desaparecido del todo, pero cada vez depende más de factores externos: ayuda familiar, herencias, estabilidad laboral muy por encima de la media o condiciones financieras favorables.
En estas ciudades, como en mayoría de ciudades de España, el problema no es únicamente el precio absoluto, sino el esfuerzo que exige. Cuando una parte significativa de la población tiene que destinar más del 40% de sus ingresos a la vivienda, algo deja de encajar.
Esto se traduce en consecuencias visibles: retraso en la emancipación, dificultad para formar nuevos hogares, mayor vulnerabilidad ante cualquier imprevisto económico y una sensación generalizada de inseguridad residencial.
Pero quedarse en el síntoma —los precios— es quedarse corto. Porque el problema real está más abajo.
El suelo: el origen silencioso del encarecimiento
Uno de los factores menos visibles y, sin embargo, más determinantes es el suelo.
El precio final de una vivienda no empieza en el ladrillo, sino mucho antes: en la disponibilidad, gestión y coste del suelo urbano. Cuando el suelo se convierte en un activo escaso o en un objeto de expectativa económica, el efecto se traslada inevitablemente al precio de la vivienda.
Como norma, el desarrollo urbanístico ha estado condicionado durante años por dinámicas que no siempre han priorizado el acceso a la vivienda como un objetivo social, sino como una oportunidad económica.
Esto genera un efecto en cadena:
Menor disponibilidad de suelo a precios razonables
Dificultad para promover vivienda asequible
Incremento del precio final, tanto en compra como en alquiler
El resultado es un mercado que, incluso sin tensiones extremas, funciona cada vez peor para quien necesita acceder a una vivienda.
La financiación: el filtro invisible
El segundo gran eje del problema es menos visible aún, pero igual de decisivo: la financiación.
Acceder a una vivienda en propiedad no depende solo del precio, sino de la capacidad de acceder al crédito. Y ahí es donde muchas personas quedan fuera, incluso antes de empezar.
No se trata solo de tener ingresos, sino de cumplir condiciones cada vez más exigentes:
Ahorro previo elevado
Estabilidad laboral prolongada
Capacidad de asumir riesgos financieros
Esto deja fuera a una parte creciente de la población, especialmente jóvenes y trabajadores con trayectorias laborales inestables.
En el caso del alquiler, el problema adopta otra forma: exigencias crecientes de garantías, seguros, avales… que actúan como una barrera de entrada adicional. Esta situación se agrava de forma especial en determinados grupos de población, como la población extranjera, que sufre esta situación de forma amplificada.
Así, la financiación —tanto para comprar como para alquilar— se convierte en un filtro silencioso que redefine quién puede acceder a una vivienda y quién no.
Una ciudad que cambia sin darse cuenta
Todo esto tiene un impacto que va más allá de lo individual.
Cuando el acceso a la vivienda se complica, la ciudad cambia:
Se desplaza población hacia la periferia
Se debilita el comercio de proximidad
Se fragmenta el tejido social
Se reduce la capacidad de arraigo
No ocurre de golpe, pero ocurre.
Y lo más relevante es que no responde a una única causa ni a un único responsable. Es el resultado de múltiples decisiones acumuladas en el tiempo: urbanísticas, económicas, financieras y políticas.
Abrir preguntas, no cerrar respuestas
Quizá el mayor riesgo es normalizar esta situación. Asumir que es “lo que hay”. Que acceder a una vivienda digna debe ser difícil, incierto o dependiente de factores ajenos al esfuerzo personal.
Pero esa normalización tiene consecuencias profundas. Porque la vivienda no es solo un bien más: es la base sobre la que se construye casi todo lo demás.
Por eso, más que cerrar el debate, conviene abrirlo:
¿Debe el acceso a la vivienda depender únicamente del mercado?
¿Qué papel debe jugar el suelo en el desarrollo urbanístico de tu ciudad?
¿Hasta qué punto el sistema financiero está condicionando quién puede vivir y dónde?
¿Qué modelo de ciudad se está construyendo, aunque no se diga explícitamente?
Son preguntas incómodas, pero necesarias. Y probablemente, cada vez más inevitables.
Hay personas que estamos empezando a organizarnos alrededor de estas ideas…, si tienes interés en saber más, el Manifiesto por el Derecho a la Vivienda (MDV26), tiene las respuestas. https://manifiestovivienda.wordpress.com/
Juan Manuel Martín Martín, coordinador MDV26
Soporte técnico: José Luis Sainz Guerra (arquitecto), coordinador MDV26